La columna de Herman Vespa

Cuando la política se muestra impotente.

Es cuestión generalizada en el País la crítica, muchas veces infundada, hacia la política en general. Y naturalmente hacia sus actores, los que la hacen posible. Sin tener en consideración que esa manera de visualizar a tan trascendente actividad, no hace más que minimizarla gratuitamente, a extremos que en nada contribuyen a valorizarla en su exacta dimensión. Que como toda humana actividad posee falencias indudables, pero de modo alguno para estigmatizarla con semejante severidad. Que en última instancia conduce a su desvalorización y ello consecuentemente al descreimiento. Sin embargo muchas veces sus actores perciben que la actividad política que ejercen, y atendiendo a los distintos escenarios de su accionar, recibe poca, o a veces nula colaboración de parte de quienes precisamente debieran efectivizarla. La falta de empatía que deben procesar y en tal caso la imposibilidad de llevar a buen puerto sus mejores intenciones. Muchos episodios últimos dan razón clara a ese estado de cosas antes referido. Siempre se ha sostenido a la administración Cosse al frente de Antel, como una de las más controvertidas ciertamente. Que además le significó al erario pérdidas cuantiosas, que aún hoy se siguen produciendo. La construcción del Antel Arena, inicialmente prevista en cuanto a su costo, en 40 millones de dólares, finalmente terminó requiriendo la nada despreciable suma de 120 millones de la moneda americana. Y he aquí un caso puntual donde ese demérito adjudicado a la actividad política. Que aclaremos hizo todo lo constitucionalmente a su alcance para dar satisfacción a su percepción respecto al caso, no parece tener demasiado asidero. Que además estuvo como asunto central durante mucho tiempo en el escenario nacional, a la espera de una pronta y clara dilucidación, en función precisamente de esas brutales pérdidas originadas. Todas las pérdidas a que aludimos fueron absolutamente documentadas, por la auditoría instalada en el Ente desde el año 2020. Que dada la gravedad surgida de la misma debió procederse a la denuncia penal. A ello debiera agregarse el pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Etica Publica ( JUTEP ) que consigna una enorme cadena de irregularidades. Sumadas además las denuncias que en la pasada legislatura llevaron a cabo los exsenadores Pedro Bordaberry y Pablo Mieres, y el diputado Pablo Abdala, al respecto de la gravedad de lo acaecido en el Antel Arena.

La administración Cosse entre tantas irregularidades utilizó una medida de excepción como es la de las compras directas, como cuestión normal y generalizada de la misma. Y el 14 de mayo de 2019 ya en funcionamiento la obra referenciada, el directorio bajo su presidencia dictó una resolución, demostrativa sin más de su absoluta impunidad. De abuso de poder, de ligereza administrativa, de irrespetuosidad. La misma indicaba que a partir de la fecha antes mencionada y por el término de diez años, leyó bien diez años, todo lo relacionado con gastos, pérdidas, ganancias, inversiones, o lo que fuera, relacionado con la obra, sería confidencial. Una barbaridad, algo difícilmente creíble, pero posible en la administración del conglomerado izquierdista en Antel, en la persona de su actual precandidata presidencial Carolina Cosse. Se trata concretamente de uno de los casos en que la política ha intentado obrar acorde a Leyes claramente específicas, sin obtener resultados de especie alguna. Frente a una administración plagada de irregularidades y groseras desprolijidades, que han ocasionado ingentes pérdidas, reiteramos, al erario.  Al Estado, a la gente. A la ciudadanía toda. Pese a todo ello, la oposición política no ha tenido la posibilidad aún de ver satisfechas sus enormemente reiteradas demandas judiciales.

Han transcurrido cinco años y todavía en los ámbitos correspondientes no se ha podido dilucidar el episodio referenciado. Han pasado cinco años y el mismo continúa sin siquiera activarse. Es entendible que el trabajo de la Justicia esté al límite en función de la vastedad de su tarea. Sin embargo es dable suponer que hay, debiera haber, episodios cuya gravedad ameritarían una especial y rápida consideración. Sobre todo en este caso, que involucra directamente a la Sra. Cosse. precandidata del Frente Amplio a la presidencia de la República, y en tal caso con aspiraciones de alcanzar la Primera Magistratura. Sus votantes entonces, debieran tener la certeza de su proceder, de su conducta, al momento de optar por ella. En tanto la Justicia no se expida ello no habrá de suceder y sus apoyos electorales, carecerán de la posibilidad de saber exactamente si la candidata Cosse se adecua a lo por los mismos pergeñado.

La política en suma no ha sido contemplada en sus justas peticiones. En su afán de dejar en claro la administración Cosse en el Ente. La Justicia no ha procedido atento a las aludidas. Sus razones tendrá, pero lo cierto es que el caso referido continúa sumido en la más profunda oscuridad. No creemos sea lo más razonable lo hasta ahora procesado a ese nivel. Por el contrario la Democracia necesita ser recreada permanentemente por todos sus múltiples actores. Sobre todo cuando de la propia Justicia se trata, garante indiscutible de la Institucionalidad Republicana. Extremo que parecería ciertos ciudadanos han extraviado peligrosamente.                  

Herman Vespa.