

Paysandú, como muchos rincones del país, no ha quedado al margen del fenómeno delictivo que más ha crecido en la última década: la estafa. Lejos de la violencia que suele asociarse al delito, este flagelo avanza de forma silenciosa, escondido tras pantallas, mensajes de texto y llamadas engañosas.
Las víctimas, una tras otra, caen en la trampa sin siquiera imaginar que están siendo objeto de un crimen.
Y lo peor es que muchas veces ni siquiera lo denuncian.
En la actualidad, Uruguay enfrenta una epidemia de estafas sin precedentes.
El delito, tipificado en el artículo 347 del Código Penal, implica obtener un provecho ilegítimo mediante el engaño o el abuso de confianza, causando un perjuicio económico a la víctima, de acuerdo al informe presentado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior.
Este delito, además, no necesita de amenazas, ni armas, ni encuentros cara a cara. Basta con una maniobra engañosa, muchas veces apoyada en herramientas digitales, para destruir la economía y la confianza de miles de ciudadanos.
En este escenario alarmante, Paysandú se encuentra entre los departamentos con tasas altas de estafas denunciadas en los últimos cinco años.
A pesar de no liderar el ranking, su presencia en los niveles superiores evidencia un problema estructural y es que el delito ya no distingue territorio, pero sí se ensaña con quienes tienen menos herramientas para detectarlo y defenderse.
Durante los últimos 5 años (2019-2024), departamentos como Rivera, Maldonado, Salto y Canelones se destacan por el mayor crecimiento relativo de sus tasas.
Otros como Durazno, Montevideo, Rocha, Maldonado, Paysandú y Río Negro mostraron tasas persistentemente altas durante casi todo el período.
Particularmente, Rocha presenta el perfil más crítico, con la tasa más elevada del país.
Son varios los casos de vecinos del departamento que han relatado haber sido víctimas de engaños al intentar comprar productos en redes sociales, al recibir falsas promesas de inversión o incluso tras confiar en supuestos funcionarios públicos que, por teléfono, exigían pagos “urgentes” para evitar embargos inexistentes.
La variedad de modalidades es tan amplia como la imaginación de los delincuentes, quienes operan desde el anonimato, muchas veces desde otros departamentos o países, aprovechando la brecha digital y la falta de respuesta efectiva.


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