Política: La columna de Herman Vespa

EL Uruguay posee una actividad que en los últimos 20 años le origino al País. Es decir, a sus ciudadanos. A todos sin excepción una pérdida de 800 millones de dólares. Una barbaridad. una descomunal cifra con la cual, sin duda, podrían haberse construido muchas Escuelas, Hospitales, Viviendas. Dando trabajo y ampliando las oportunidades de la población tanto en salud, enseñanza como confort edilicio. Sin embargo, esas pérdidas siguen prolongándose en el tiempo y los únicos beneficiarios de las mismas, si así puede llamárseles, son los aproximadamente 500 funcionarios de las Cementeras de Ancap. Días pasados el Ente hizo un llamado a oferentes para buscar una asociación con algún privado, que posibilitara un nuevo camino en esta sangría permanente a la que se ve sometida la empresa estatal. Lamentablemente el aludido careció de interesados. Las explicaciones al respecto de lo acaecido no son otras que el déficit histórico de dichas Cementeras, que además se acrecienta en la medida del paso del tiempo. Agregado a ello otro factor, decisivamente determinante, al extremo de ser destacada por alguno de los factibles interesados. Que no es otro que la conflictividad extrema del gremio de las mismas. Lógicamente que ante un panorama como el planteado difícilmente podrían aparecer oferentes. En tanto Ancap seguirá acumulando perdidas y su medio millar de obreros, hombres y mujeres, continuaran con sus tares. A sabiendas de estar desempeñándolas en un escenario de perdidas constantes. Con la convicción, suponemos, de estar subsidiados por el Estado. Y lógicamente por el Uruguay todo. Por todos y cada uno de los compatriotas. Lo que no parece demasiado justo ni equitativo. Además de absolutamente incomprensible. Ninguna empresa en situación similar debiera seguir en funcionamiento. No lo hacen ciertamente, sobre todo si se trata de privadas. Y el País no puede seguir sujeto a la voluntad de un conjunto de trabajadores que debieran darse cuenta que su fuente laboral, en este caso puntual, no tiene razón de ser. No hay forma de justificarla. Sus perdidas hacen que el Estado deba hacerse cargo y afrontarlas debidamente. Con un agregado elemental, la ciudadanía será en última instancia la que deberá oblar, si o si, por las mismas. Los anteriores gobiernos, testigos privilegiados de lo sucedido en el Ente, dejaron que la situación se prolongara sin esbozar siquiera una mínima solución. Naturalmente sus afinidades ideológicas con el gremio de dichas Cementeras, o al menos con su cúpula dirigencial, fue factor determinante para que el escenario siguiera inmodificable. Y lo peor cargando sobre las espaldas de la gente, o mejor dicho sobre su masa salarial, el peso mayor de una irresponsabilidad gubernamental a todas luces enormemente perjudicial. Y a la cual poco se menciona y de la que nadie ha hecho siquiera un mea culpa. La situación de las Cementeras de Ancap creemos ha llegado a un extremo decisivo. El Gobierno no puede hacer lo mismo que los anteriores, es decir permanecer ajeno al problema. Todo Gobierno es elegido por la mayoría poblacional, para ejercer su estricta y especifica función, que no es otra que la de gobernar, precisamente. Ello incluye como cuestión prioritaria el cuidado estricto de las finanzas públicas. De ahí la necesidad de tomar medidas urgentes que se adecuen a la gravedad del problema. Contemplando naturalmente al sector laboral. A través de su redistribución, o de incentivos que posibiliten su retiro. Siempre dentro de las normas y Leyes que regulen decisiones de tal naturaleza. Ningún Gobierno que se precie puede permanecer in diferente a los hechos referenciados. Si lo hiciera estaría dejando de cumplir con su función y lo que es peor, vulnerando la con fianza de la gente. Por otra parte, no se entiende, y menos se justifica que medio millar de obreros, sitúen al País en la disyuntiva de mantener en funcionamiento una actividad generadora únicamente de ingentes perdidas. Por el hecho de sostener puestos laborales absolutamente inviables, atendiendo a cifras deficitarias realmente de asombro. Solo posibles a través de subsidios estatales demasiado prolongados en el tiempo. Tan prolongados que superan las dos décadas. Por otra parte, y si se sostuviera la peregrina idea de no actuar por temor a la reacción del gremio, el Gobierno dejaría de serlo. Lo cual sería de una gravedad inimaginable. Y reiteramos un concepto, a los obreros en cuestión debe dárseles las garantías que la Ley otorga. Sin embargo, no olvidemos y sobre todo el Gobierno que ellos son sus funcionarios, y en tal caso sujetos a lo que este disponga. Maxime si se trata de dar solución a una situación únicamente generadora de cuantiosas pérdidas. Donde los obreros no pueden auto percibirse casi elites laborales, y tener la grandeza de reconocer que su fuente de empleo no es la que al país le genere dividendos precisamente. Y cuyo punto final debe hacerse efectivo, de una vez por todas, aunque ella pueda conllevar al cierre de dicho sector. El País no puede permitirse la ligereza de mantener en actividad un sector de Ancap decididamente deficitario. Absolutamente negativo. Cuyas pérdidas a esta altura resultan verdaderas afrentas. Burlas generalizadas al margen de la irresponsabilidad que significa seguir transitando un camino a todas luces nefasto.        

  HERMAN VESPA