La columna de Herman Vespa

Otro oneroso legado del Frente Amplio

Existen temas en el País que parecen resulta tabú siquiera su más pequeña referencia. Tema que se han extendido en el tiempo y conducido inevitablemente a multiplicidad de opiniones, al respecto. Encontradas, diferentes, cuya influencia en la sociedad no pasa únicamente por el disentimiento. Que es lógico y hasta si se quiere, naturalmente predecible, en tanto y cuanto el motivo originario del mismo fue, es y lo seguirá siendo absolutamente trascendente. Al extremo que en esa discusión interminable de la existencia o no de una grieta en la sociedad nacional, este tema ha contribuido en grado sumo a hacerla más ostensible. Para quienes creemos que ella, lamentablemente, está presente, y en la medida del transcurrir del tiempo. De las diferencias políticas y de los odios que dicha actividad origina se hará más previsible. Y sus consecuencias ciertamente imprevisibles. La Ley que el gobierno del extinto Tabaré Vázquez pusiera en práctica, referida al resarcimiento económico a los sediciosos y a su descendencia, es sin duda uno de los temas contribuyentes decisivos a esa división social a que antes referíamos. No solo por su intrínseca significación, sino por sus repercusiones desde el punto de vista de la enormidad de la masa dineraria que el Estado debe oblar, mensual y rigurosamente para dar cumplimiento a lo legalmente establecido. Al margen de ello, de lo antes expresado, una Ley como la aludida es el más claro ejemplo de disposición legal precisamente, basada pura y exclusivamente en fundamentos ideológicos. A los cuales gran parte de la sociedad, la que no comparte ni participa de los mismos, se ve en la disyuntiva de asumirlos. Lo que es de toda lógica, apresurémonos a decirlo, viviendo en un régimen democrático como el nuestro. Al momento actual son unos 5.700 tupamaros los beneficiados con pensiones graciables, otorgadas por el Estado Nacional. Las que alcanzan un monto cada una de ellas de $ 60,000 mensuales. En consecuencia, las mismas le están ocasionando al País una erogación cada treinta días de trescientos cuarenta y dos millones de pesos. Cifran por cierto nada despreciable y que el erario debe cubrir sin más. Lógicamente se debe de tener en cuenta ante lo actuado la Justicia que dicha Ley pueda haber tenido. Desde ese punto de vista el gobierno Vázquez y su Frente Amplio, como no podía ser de otra manera, acompañaran masivamente la iniciativa. Las afinidades ideológicas, reiteramos, motivantes fundamentales del masivo apoyo. Y esas fundamentaciones que no iban más allá de las antes mencionadas no implicaban necesariamente Justicia. No se debe olvidar, echar en saco roto que se otorgaron beneficios económicos de por vida a individuos que además de haber cometido los más abyectos crímenes. Propios de feroces e inhumanos delincuentes, llevaron a cabo el peor, el más grosero. El que hasta el más indiferente ciudadano, el más pusilánime incluso, rechaza absolutamente. Atentaron contra el Estado uruguayo. Quisieron derrocar por las armas, a un gobierno democrático, legítimamente electo por la voluntad mayoritaria ciudadana. En elecciones libres y lógicamente como nos es tradicional a los uruguayos, con voto secreto.

Nada de ello fue impedimento para que este hato de extremistas, de transgresores y sobre todo de sediciosos. Carentes del mínimo de cordura y del respeto institucional que todos, o al menos la gran mayoría practicamos desde siempre. Esta gente que robó, asaltó, secuestró, mató, asesinó e hizo de la barbarie fratricida su accionar. Sumió al País en el miedo diario, en el terror, que plagó de incertidumbre la vida del uruguayo todo. No terminó en ello su demencial locura, pues hizo posible más de una década de dictadura militar. Ensombrecedora de la historia reciente. Que por otra parte desmitifica aquello tan manido de que los delincuentes tupamaros se levantaron contra la dictadura. No sólo no se alzaron contra ella, sino fueron los promotores de la misma. Los que la hicieron posible, cuando con su brutal accionar posibilitaron que los militares salieran de sus recintos naturales, los cuarteles, para cumplir una de sus específicas y constitucionales funciones, combatir la agresión externa o interna. En este caso la sedición tupamara fue, sin duda alguna, el medio justificativo para la dictadura referenciada. Para tamaña transgresión. Lo cierto, lo real, que a estos tupamaros sediciosos, para nosotros personalmente, delincuentes sin más, el gobierno del Frente Amplio encabezado por su principal referente de la época Dr. Tabaré Ramón Vázquez Rosas, para más datos, concedió pensiones graciables, jubilaciones, dádivas. Como el lector quiera calificarlas. Otro legado del conglomerado izquierdista, que en el colmo de sus afectos ideológicos De su innata soberbia y de mayorías sumisamente complacientes, procedió de manera tan sectaria y rechazable ciertamente. Sin ningún interés en los beneficios generalizaos, sí de sectores con él mismo absolutamente identificados. Retaceándole en consecuencia aumentos mayores en sus pasividades a compatriotas, con vidas dedicadas al trabajo. Con existencias al servicio del País. De ciclos vitales humildemente normales, anónimos casi, pero qué con su manera de proceder, actuar y trabajar. Con su sagrado e inviolable anonimato hicieron posible este generoso Uruguay. Tan extremadamente generoso, que es capaz de retribuir a quienes quisieron destruirlo.

 Herman Vespa