Proclama del 23 de marzo de 2023: Con esta reforma perdemos todos
Compañeras y compañeros, público presente:
Los trabajadores de todo el sistema financiero del país estamos hoy movilizados en
el marco de la convocatoria del PIT-CNT.
En estos momentos, el Parlamento nacional está considerando el proyecto de
reforma de la seguridad social que impulsa el Gobierno de coalición. Luego de su
aprobación en el Senado, los diputados de todo el país tendrán la responsabilidad
de definir el futuro de las jubilaciones y derechos de los uruguayos.
Deberán demostrar si están dispuestos a promover un diálogo serio y amplio, antes
de afectar derechos y condiciones de vida de nuestro pueblo. Deberán demostrar
que asumen la responsabilidad de analizar en profundidad un tema de tanta
trascendencia, determinando con claridad los efectos que este proyecto tendrá
sobre todos los uruguayos y uruguayas.
Sabemos que el debate político siempre está sometido a diversas presiones. El
debate en el Senado estuvo condicionado por la negociación de aspectos y leyes
que nada tienen que ver con la reforma jubilatoria. Y muy seguramente, la decisión
de los diputados esté determinada por los compromisos asumidos con
corporaciones poderosas —como la institución militar o sectores empresariales
beneficiados por exoneraciones— o directamente por simple disciplina partidaria.
Por esta razón hoy resulta imprescindible recordarles que ellos son representantes
de todos. Representantes de los jóvenes desempleados, que no accederán puestos
de trabajo por el aumento de la edad jubilatoria. Y de los trabajadores de mayor
edad que deberán enfrentar el desempleo en peores condiciones.
Representantes de los discapacitados, quienes soportarán sus problemas de salud
junto a la imposibilidad de continuar teniendo ingresos con jubilaciones insuficientes.
De las viudas, quienes tendrán un solo año de pensión al contar con menos de 45
años de edad, o de quienes pierden su pensión porque tienen nuevos ingresos.
Son representantes de los trabajadores que, expuestos a exigencias físicas o
psicológicas en su trabajo, sufrirán un deterioro de su calidad de vida por la
postergación de sus edades jubilatorias. De las trabajadoras que verán perpetuada
y profundizada la brecha de género que existe hoy en el mercado de trabajo.
Mujeres con dificultades para generar 30 años de aportes efectivos a la seguridad
social, como efecto de las tareas asociadas a los cuidados y a la maternidad.
Por eso estamos reclamando a los diputados que pongan un freno a la aprobación
apresurada de un proyecto de ley que perjudica a la inmensa mayoría de nuestro
pueblo y se pueda habilitar la reflexión de la población sobre sus consecuencias.
Porque se estaría aprobando una ley sin el debate ni intercambio suficiente. Un
proyecto que no es urgente, pero sus daños para la población serán inmediatos. Un
proyecto injusto, porque vuelve a cargar sobre los trabajadores, pequeños
comerciantes y empresarios, un ajuste de jubilaciones y pensiones que representará
un enorme deterioro para la inmensa mayoría de los uruguayos.
Es fundamental que todos entendamos que este proyecto implica mucho más que
aumentar la edad jubilatoria a 65 años. Es un cheque en blanco para que el Poder
Ejecutivo pueda continuar aumentándola sin límites. Nos quieren imponer trabajar
más años con menores jubilaciones. Dos de cada tres trabajadores y trabajadoras
tendrán pérdidas en sus jubilaciones o pensiones. Y por continuar trabajando, se
aportarán 39 sueldos más al sistema, sin que ello les represente una mejora en sus
jubilaciones.
El deterioro de la protección a los adultos mayores y discapacitados tendrá efectos
sobre toda la sociedad. Porque las prestaciones insuficientes de los jubilados
obligarán a las familias a atender las necesidades de los más ancianos. Y en esa
situación las familias más humildes serán las más damnificadas. Pero también
tendrá efectos sobre el pequeño comercio. Reducir el ingreso de los hogares
provocará caída del consumo y se afectará el mercado interno. Cuando desde el
Gobierno se habla de los gigantescos ahorros que implicará esta reforma, debemos
ser conscientes que se trata del ahorro en los ingresos de las familias y por lo tanto
en el consumo de las mismas.
Sin embargo, no todo es ahorro para esta reforma. El Gobierno no mide el gasto a la
hora de transferir fondos para que las AFAP profundicen su negocio. Las grandes
beneficiadas de esta reforma —precisamente las AFAP— incrementarán sus
ganancias al aumentar la cantidad de afiliados. De hecho, la reforma incorpora las
cajas paraestatales al sistema mixto, para lo cual todos los uruguayos deberán
pagar más de u$s 6000 millones (seis mil millones de dólares) por el pasaje de los
afiliados a las cajas Profesional, Notarial y Bancaria al régimen de AFAP.
Y, por si fuera poco, el Poder Ejecutivo se reserva la posibilidad de incrementar aún
más las ganancias de las AFAP al habilitarles el cobro de nuevas comisiones —que
pagarán los trabajadores con menos estabilidad en el empleo— o transfiriendo
devoluciones de IVA a las cuentas que administran dichas empresas.
En esta reforma el Gobierno de coalición ha elegido deteriorar los derechos e
ingresos de las trabajadoras y trabajadores, de jubilados, pensionistas y pequeños
empresarios, sin tocar los ingresos de la seguridad social.
Por ello, los trabajadores del sistema financiero, junto a los trabajadores, jubilados y
pensionistas nos movilizamos en todo el país. Para enfrentar una reforma que ha
sido rechazada por todos los representantes sociales en el BPS y por las cajas
paraestatales.
Y particularmente, los trabajadores y jubilados afiliados Caja Bancaria hemos
expresado reiteradamente que este proyecto no soluciona ninguno de los problemas
de nuestro instituto. Su preocupante situación de déficit, provocado por la pérdida de
más 2300 puestos de trabajo en el sistema financiero desde 2020, sumada a
factores financieros coyunturales, tiene una solución clara que el Poder Ejecutivo y
la banca extranjera insisten en rechazar. La ampliación de la Prestación
Complementaria Patronal (PCP) al máximo establecido en la Ley 18.396 es una
solución suficiente, y requiere implementarse en forma inmediata. Sin embargo, el
Gobierno rechaza este recurso, intentando aplicarnos el aumento de la edad
jubilatoria, la rebaja de jubilaciones y un impuesto a los jubilados en forma
inmediata.
Por ello, los trabajadores del sistema financiero seguiremos movilizados en defensa
de la Caja Bancaria y exigiendo la aplicación de los instrumentos que tiene la ley
vigente para resolver sus problemas. Y mucho más firmemente, junto a todo el
movimiento sindical, organizaciones sociales y de jubilados, en rechazo de la
reforma jubilatoria que se intenta aprobar en el Parlamento.
Porque es tiempo de exigir a los representantes del pueblo que se cumplan las
promesas electorales con que fueron elegidos.
Promesas de que no se iba a afectar a los actuales trabajadores, ni se aumentaría
la edad jubilatoria.
Reclamarles en cada punto del país que se inicie un proceso de diálogo serio y
responsable, que promueva una reforma tan sostenible como justa. Una reforma
integral que reparta de mejor manera el costo de la seguridad social, pidiéndole
mayor contribución a quienes mayor riqueza concentran. Una reforma dirigida a
profundizar la solidaridad y no el ahorro individual y las ganancias de las AFAP.
Este es el sentido de la movilización de hoy, y convocamos a todos nuestros
vecinos, clientes y pueblo a sumarse en este reclamo.
¡Porque esta reforma no es justa ni solidaria!
¡Porque otra reforma es posible!
Consejo Central de AEBU
Filial PIT-CNT
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