Proclama del 23 de marzo de 2023: Con esta reforma perdemos todos

 Compañeras y compañeros, público presente:
Los trabajadores de todo el sistema financiero del país estamos hoy movilizados en 
el marco de la convocatoria del PIT-CNT.

En estos momentos, el Parlamento nacional está considerando el proyecto de 
reforma de la seguridad social que impulsa el Gobierno de coalición. Luego de su 
aprobación en el Senado, los diputados de todo el país tendrán la responsabilidad 
de definir el futuro de las jubilaciones y derechos de los uruguayos. 

Deberán demostrar si están dispuestos a promover un diálogo serio y amplio, antes 
de afectar derechos y condiciones de vida de nuestro pueblo. Deberán demostrar 
que asumen la responsabilidad de analizar en profundidad un tema de tanta 
trascendencia, determinando con claridad los efectos que este proyecto tendrá 
sobre todos los uruguayos y uruguayas. 

Sabemos que el debate político siempre está sometido a diversas presiones. El 
debate en el Senado estuvo condicionado por la negociación de aspectos y leyes 
que nada tienen que ver con la reforma jubilatoria. Y muy seguramente, la decisión 
de los diputados esté determinada por los compromisos asumidos con 
corporaciones poderosas —como la institución militar o sectores empresariales 
beneficiados por exoneraciones— o directamente por simple disciplina partidaria.

 
Por esta razón hoy resulta imprescindible recordarles que ellos son representantes
de todos. Representantes de los jóvenes desempleados, que no accederán puestos
de trabajo por el aumento de la edad jubilatoria. Y de los trabajadores de mayor 
edad que deberán enfrentar el desempleo en peores condiciones. 

Representantes de los discapacitados, quienes soportarán sus problemas de salud 
junto a la imposibilidad de continuar teniendo ingresos con jubilaciones insuficientes. 
De las viudas, quienes tendrán un solo año de pensión al contar con menos de 45 
años de edad, o de quienes pierden su pensión porque tienen nuevos ingresos.
Son representantes de los trabajadores que, expuestos a exigencias físicas o 
psicológicas en su trabajo, sufrirán un deterioro de su calidad de vida por la 
postergación de sus edades jubilatorias. De las trabajadoras que verán perpetuada 
y profundizada la brecha de género que existe hoy en el mercado de trabajo. 
Mujeres con dificultades para generar 30 años de aportes efectivos a la seguridad 
social, como efecto de las tareas asociadas a los cuidados y a la maternidad.

Por eso estamos reclamando a los diputados que pongan un freno a la aprobación 
apresurada de un proyecto de ley que perjudica a la inmensa mayoría de nuestro 
pueblo y se pueda habilitar la reflexión de la población sobre sus consecuencias.
Porque se estaría aprobando una ley sin el debate ni intercambio suficiente. Un 
proyecto que no es urgente, pero sus daños para la población serán inmediatos. Un 
proyecto injusto, porque vuelve a cargar sobre los trabajadores, pequeños 
comerciantes y empresarios, un ajuste de jubilaciones y pensiones que representará
un enorme deterioro para la inmensa mayoría de los uruguayos.

Es fundamental que todos entendamos que este proyecto implica mucho más que 
aumentar la edad jubilatoria a 65 años. Es un cheque en blanco para que el Poder 
Ejecutivo pueda continuar aumentándola sin límites. Nos quieren imponer trabajar 
más años con menores jubilaciones. Dos de cada tres trabajadores y trabajadoras 
tendrán pérdidas en sus jubilaciones o pensiones. Y por continuar trabajando, se
aportarán 39 sueldos más al sistema, sin que ello les represente una mejora en sus 
jubilaciones.

El deterioro de la protección a los adultos mayores y discapacitados tendrá efectos 
sobre toda la sociedad. Porque las prestaciones insuficientes de los jubilados 
obligarán a las familias a atender las necesidades de los más ancianos. Y en esa 
situación las familias más humildes serán las más damnificadas. Pero también 
tendrá efectos sobre el pequeño comercio. Reducir el ingreso de los hogares 
provocará caída del consumo y se afectará el mercado interno. Cuando desde el 
Gobierno se habla de los gigantescos ahorros que implicará esta reforma, debemos 
ser conscientes que se trata del ahorro en los ingresos de las familias y por lo tanto 
en el consumo de las mismas. 

Sin embargo, no todo es ahorro para esta reforma. El Gobierno no mide el gasto a la 
hora de transferir fondos para que las AFAP profundicen su negocio. Las grandes 
beneficiadas de esta reforma —precisamente las AFAP— incrementarán sus 
ganancias al aumentar la cantidad de afiliados. De hecho, la reforma incorpora las 
cajas paraestatales al sistema mixto, para lo cual todos los uruguayos deberán 
pagar más de u$s 6000 millones (seis mil millones de dólares) por el pasaje de los 
afiliados a las cajas Profesional, Notarial y Bancaria al régimen de AFAP.

Y, por si fuera poco, el Poder Ejecutivo se reserva la posibilidad de incrementar aún 
más las ganancias de las AFAP al habilitarles el cobro de nuevas comisiones —que 
pagarán los trabajadores con menos estabilidad en el empleo— o transfiriendo 
devoluciones de IVA a las cuentas que administran dichas empresas. 

En esta reforma el Gobierno de coalición ha elegido deteriorar los derechos e 
ingresos de las trabajadoras y trabajadores, de jubilados, pensionistas y pequeños 
empresarios, sin tocar los ingresos de la seguridad social.

Por ello, los trabajadores del sistema financiero, junto a los trabajadores, jubilados y 
pensionistas nos movilizamos en todo el país. Para enfrentar una reforma que ha 
sido rechazada por todos los representantes sociales en el BPS y por las cajas 
paraestatales.

Y particularmente, los trabajadores y jubilados afiliados Caja Bancaria hemos 
expresado reiteradamente que este proyecto no soluciona ninguno de los problemas 
de nuestro instituto. Su preocupante situación de déficit, provocado por la pérdida de 
más 2300 puestos de trabajo en el sistema financiero desde 2020, sumada a 
factores financieros coyunturales, tiene una solución clara que el Poder Ejecutivo y 
la banca extranjera insisten en rechazar. La ampliación de la Prestación 
Complementaria Patronal (PCP) al máximo establecido en la Ley 18.396 es una 
solución suficiente, y requiere implementarse en forma inmediata. Sin embargo, el
Gobierno rechaza este recurso, intentando aplicarnos el aumento de la edad 
jubilatoria, la rebaja de jubilaciones y un impuesto a los jubilados en forma 
inmediata.

Por ello, los trabajadores del sistema financiero seguiremos movilizados en defensa 
de la Caja Bancaria y exigiendo la aplicación de los instrumentos que tiene la ley 
vigente para resolver sus problemas. Y mucho más firmemente, junto a todo el 
movimiento sindical, organizaciones sociales y de jubilados, en rechazo de la 
reforma jubilatoria que se intenta aprobar en el Parlamento. 
Porque es tiempo de exigir a los representantes del pueblo que se cumplan las 
promesas electorales con que fueron elegidos. 
Promesas de que no se iba a afectar a los actuales trabajadores, ni se aumentaría 
la edad jubilatoria. 

Reclamarles en cada punto del país que se inicie un proceso de diálogo serio y 
responsable, que promueva una reforma tan sostenible como justa. Una reforma 
integral que reparta de mejor manera el costo de la seguridad social, pidiéndole 
mayor contribución a quienes mayor riqueza concentran. Una reforma dirigida a 
profundizar la solidaridad y no el ahorro individual y las ganancias de las AFAP. 
Este es el sentido de la movilización de hoy, y convocamos a todos nuestros 
vecinos, clientes y pueblo a sumarse en este reclamo. 
¡Porque esta reforma no es justa ni solidaria! 
¡Porque otra reforma es posible!

Consejo Central de AEBU
Filial PIT-CNT