Cuando la Voz Calla, EL SILENCIO SE MANIFIESTA

Desde la Primera Marcha del Silencio, llevada a cabo el 20 de Mayo de 1996, Mayo se ha convertido en el “Mes del Silencio”; quiso el destino sin embargo, que en este mayo de 2024 el silencio se manifestara.

El pasado martes 28 de mayo, el fiscal Especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, informó sobre la identidad de la persona desaparecida durante el periodo de la dictadura (1973-1985), cuyos restos óseos fueron hallados en el Batallón 14 de Toledo, el día 6 de junio de 2023. 

Se trata de Amelia Sanjurjo Casal, militante del Partido Comunista, quien al momento de su detención tenía 41 años de edad y estaría embarazada de su primer hijo. Según Sitios de Memoria, Sanjurjo trabajaba como empleada en una Editorial y fue secuestrada el 2 de noviembre de 1977 en la calle, en un operativo del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Estuvo presa y fue torturada en La Tablada. Se trata del sexto hallazgo [1]  -primero femenino- de detenidos-desaparecidos, desde que se iniciaron las excavaciones en unidades militares el día 19 de abril de 2005. 

Un Poco de Historia

Luego de la reinstauración democrática en 1985, comenzaron con mayor vehemencia las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos durante la pasada dictadura.

Cuando se libraron las primeras citaciones a declarar ante la Justicia Civil de militares presuntamente implicados en dichos delitos, el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Hugo Medina, retiene las mismas en su poder, impidiendo de esta manera, el correcto andamiaje de la Justicia.

Este hecho, generó una gran crisis política, que se terminó zanjando con la aprobación de la Ley 15848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Ley de Caducidad, que ratificada por la ciudadanía en el marco del Referéndum del día 16 de abril de 1989. A partir de ese momento y en los años siguientes, los reclamos por violaciones a los Derechos Humanos parecieron perder vigor. Sin embargo, el tema regresó con mayor persistencia en 1995, a raíz de las primeras rondas del líder y Senador del entonces Nuevo Espacio, Rafael Michelini -hijo de Zelmar Michelini-, sobre finales del 95'. 

En aquella oportunidad, Rafael Michelini comenzó una ronda de contactos reservados con varios militares retirados -entre los que se encontraba el Gral. (r) Alberto Ballestrino-, y con el Secretario de Presidencia, Elías Bluth, en procura de vías de acuerdo. 

Si bien las gestiones avanzaron, incluso llegándose a hablar de la creación de una “Comisión de la Verdad”, finalmente la propuesta fue rechazada por los militares y por el presidente Sanguinetti. [2]

Sin embargo el reclamo permanente prosiguió, y se manifestó con mayor persistencia, a partir de la primera “Marcha del Silencio”, llevada a cabo el día 20 de mayo de 1996. Tradición que se
mantiene hasta nuestros días.

Luego vendrían otros tiempos; los tiempos del Dr. Jorge Batlle y la creación de Comisión para la Paz [3], a través de la cual, el presidente procuró la pacificación de la sociedad uruguaya. 

Aunque el informe final de la Comisión no tendría efectos jurídicos, -carecía de tales potestades- configura   sí,   una   declaración   inédita;   es   la   primera   vez   que   el   Estado   uruguayo   reconoce públicamente la existencia de violaciones a los derechos humanos. 

Con este antecedente, en octubre de 2003, el entonces candidato a la presidencia Tabaré Vázquez, se comprometió aplicar el artículo 4° de la Ley de Caducidad, que prevé esclarecer lo acontecido con los   detenidos-desaparecidos.   Dichas   declaraciones   fueron   publicadas   en   el   diario   francés   “Le Monde”. [4] 

Manifestaciones, que el propio Vázquez, reafirmó en su discurso inaugural del primero de marzo de 2005. Estas manifestaciones, tuvieron como consecuencia inmediata un acontecimiento sin precedentes que generó un fuerte impacto en la opinión pública en general, y en el ámbito castrense en particular.  

El día 19 de abril de 2005, el ingreso de Técnicos de la Universidad de la República   en   las   unidades   militares,   en   procura   de   restos   de   detenidos-desaparecidos.  

Como consecuencia,   tuvieron   lugar   los   primeros   hallazgos 5 ,   así   como   también,     los   primeros procesamientos [6 ]. 

Consideraciones Finales
Hace algunos años, en el marco de una entrevista para mi anterior libro, un entrevistado me manifestó: “yo creo que la Ley de Caducidad históricamente tuvo una virtud, que fue contribuir a la pacificación, pero deja dos cosas nocivas para la convivencia democrática y para la imagen de las FF.AA.

Una es el Art. cuarto, que  deja latente que hay que investigar delitos que no caducan, pero dependen del Poder Ejecutivo, en una clara superposición de Poderes. Otra es dejar a todo el Ejército manchado por algunos casos puntuales”.

Todos conocemos  la  calidad  de nuestra democracia,  reconocida  incluso  a nivel  internacional. También somos conscientes de que los ciudadanos con nuestras acciones, propendemos a mejorar -o no- la calidad democrática. Sin embargo, es a los actores públicos, a quien más le compete  esta responsabilidad.

Sería buena hora, para que se concrete un esfuerzo por conocer lo sucedido con el paradero de los Detenidos-desaparecidos. Esto propendería a una mejora sustancial de nuestra calidad democrática, calidad democrática que tiene este estigma como parte indisoluble.  

A modo de ejemplo, y no realizando comparaciones que siempre son odiosas, pero se me viene a la cabeza dos casos dignos de destaque.

El primero, el público pedido de perdón en nombre del Ejército del General argentino Martín Balza. El segundo, el del soldado inglés Mark Thomas, quien luego de 40 años atravesó el Atlántico para devolver a la familia el casco de un soldado argentino, excombatiente en Malvinas. 

Alejandro Pasquariello (*), 20 de mayo 2024, ECOS DEL HUM

(*) Politólogo, investigador y escritor uruguayo. Participante del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas (2017-2019). Es autor de: Marcha Forzada Poder Civil/Poder Militar. 2017. (Mención en el Premio Nacional de Letras 2019). La Restauración Compleja Primeros Pasos y Tropiezos de la Democracia. 2020. Es coautor, con Eduardo Cuitiño de: "Humberto Pittamiglio, el Político de la Calle Ejido".

[1] Los primeros hallazgos corresponden a: Ubagésner Cháves Sosa, Julio Castro, Fernando Miranda, Eduardo Bleier y Ricardo Blanco. 

[2] A este respecto, el expresidente Sanguinetti, nos comentaba: “No recuerdo si se rechazó, recuerdo que él había venido a hablar, no recuerdo que haya propuesto nada de eso. Lo que él proponía era que se efectuaran investigaciones, y yo le dije que sí, que estaba dispuesto a hacerlas, siempre que tengamos cosas verosímiles, cosas concretas. No salir, de cualquier manera.” Entrevista con el autor para Marcha Forzada (2017).

[3] Un antecedente directo tuvo lugar en el mes de mayo de 1997, cuando el entonces obispo de San José, Pablo Galimberti, propuso que la Iglesia mediara para dar una solución al drama de las familias de los detenidos-desaparecidos durante la pasada dictadura. Galimberti propuso utilizar el secreto de confesión, como medio para que aquellos militares que tuvieran alguna información, pudieran brindarla. Este hecho configura, en la consideración del autor Leonardo Haberkorn: “el primer ofrecimiento para crear una comisión de paz”.

[4 ]  La  República: 04/10/2003. Citado en:  Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas  Armadas. Informe Semanal  Uruguay N° 119.

[5 ]  El día 29 de noviembre de 2005, da cuenta del primer hallazgo -en una chacra de la ciudad de Pando-, de un detenido-desaparecido:  Ubagesner Chávez Sosa. Mientras que, el día 2 de diciembre de 2005, es encontrado el cuerpo de Fernando Miranda en el Batallón N° 13 de Infantería. En 2011 Julio Castro y en 2012 Ricardo Blanco fueron encontrados en el Batallón 14 de Toledo. En 2019 fueron encontrados los retos de Eduardo Bleier en el Batallón N° 13 de Infantería. 

[6 ] El día 11 de setiembre de 2006, el Juez Penal de 19º Turno Luis Charles, procesó a los militares Tte. Cnel. (r) José Gavazzo, Cnel. (r) Jorge Silveira, Cnel. (r) Ernesto Ramas y Cnel. (r) Luis Maurente, a los ex militares José Arab y Gilberto Vázquez, y a los ex policías Ricardo Medina y José Sande Lima, por los delitos de “asociación para delinquir” y “privación de libertad” con todos los agravantes previstos en el Código Penal, en la causa por la desaparición en 1976, en Argentina, de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).